Crisis en la seguridad privada

En tiempos de crisis la delincuencia se dispara a todos los niveles. Las empresas tratan de ahorrar costes ocultando el IVA de alguna factura, los trabajadores se emplean sin contrato para seguir cobrando ayudas y subvenciones y los delincuentes aprovechan que el primer recorte que hacen familias, comunidades y empresas con la crisis es precisamente en seguridad, lo que no deja de ser contraproducente.

Hay un valor que cualquier Estado debe salvaguardar por encima de otro, y es el de dotar a sus ciudadanos de las medidas necesarias para garantizar su libertad. Y no se puede garantizar la libertad sin garantizar la seguridad de los ciudadanos, sus pertenencias y su libre tránsito.

La mala disposición en la planificación y organización de las fuerzas de orden público, mal diseño de sus estrategias por parte de los mandos políticos, hacen que los ciudadanos recurran al mal menor, que no es siempre el mas barato. Nos referimos a la Seguridad Privada.

Lo que está claro es que se nos ocultan los datos reales. El ciudadano de a pie tiene la sensación de que por todas partes hay mas delincuencia, pero contrariamente a esta visión, los datos oficiales dicen que las estadísticas bajan. El Metro de Madrid, por poner sólo un ejemplo, ha recortado drásticamente la presencia de Vigilantes de Seguridad, ha subido el precio de los billetes y ha aumentado alarmantemente el número de sabotajes, hurtos y otros actos delictivos.

Polígonos industriales, urbanizaciones de lujo y comunidades de vecinos que en tiempos de bonanza ataban a los perros con longaniza, ahora han visto recortados sus servicios de seguridad o los cambian por conserjes y auxiliares de servicios en la creencia equivocada de que hacen la misma labor que el personal habilitado.

La crisis está causando estragos en el sector de la seguridad privada española. Un negocio que nació en la década de los 80 y al que se acercaron funcionarios que por Ley tenían incompatibilidad de funciones. Policías, militares y guardias civiles, amén de políticos, entraron a formar parte del privilegiado accionariado de un negocio que ha movido miles de millones de pesetas a costa de sus trabajadores.

Las empresas pelean a muerte por contratar con una administración que paga tarde, mal o nunca. Ejecutan contratos a fuerza de engañar al cliente final. Colocan conserjes, auxiliares, ordenanzas...el nombre siempre es lo de menos, pero la picaresca siempre es la misma. Dejar a los profesionales en paro y disponer a personas de bajo nivel cultural que trabajan a cualquier precio por conseguir unos euros.

El intrusismo siempre ha existido, no es una cosa de ahora. Ya en la década de los 90 se disfrazó de justicia una decisión que acababa con los guardas de seguridad y presentaba la figura del Vigilante de Seguridad sin arma, utilizando esta cortina de humo para abaratar nuestros salarios y de paso robarnos el carácter de agente de la autoridad con todo lo que ello representa.

Lo que llama la atención es que la ley se cambió por empresas grandes que presumían de luchar contra el intrusismo. El mismo intrusismo del que hoy viven. Es habitual ver auxiliares de Prosegur, Securitas, Seguridad Integral Canaria y otras haciendo labores de vigilancia utilizando controladores o auxiliares. El mismo perro con distinto nombre y el mismo fin. El enriquecimiento de los accionistas.

Lo cierto es que la Ley de Seguridad Privada se ha quedado obsoleta después de 10 años. Cierto que los Vigilantes de Seguridad son necesarios, pero la pregunta es si las empresas de seguridad son tan necesarias como los vigilantes. La figura del Vigilante autónomo podría ser una solución. Una solución que evidentemente no gusta a los sindicatos, que verían como se les escapa la gallina de los huevos de oro y obviamente tampoco a las empresas de seguridad. Por lo mismo que una de las empresas piratas filiales de las grandes empresas de seguridad cobran por los servicios de un auxiliar, el cliente podría contratar directamente los servicios de un profesional.

Nosotros no tendríamos la excusa de que no nos formamos porque la empresa no nos paga la formación, nos uniríamos en Plataformas que nos brindaran la ayuda que ahora dicen prestarnos los sindicatos, con la diferencia de que no recibiríamos subvenciones, por lo que no tendríamos que arrodillarnos delante de nadie, cada quien con las intenciones que lo haga.

Quizás deberíamos plantearnos eso. La recuperación del carácter de agente de la autoridad para poder cambiar la ley de seguridad privada.