Depender, al menos en parte, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, puede constituir una verdadera paradoja semántica y funcional. Basta con echar un vistazo a lo que está sucediendo en la Casa do Mar de Vilagarcía, una institución que se encuentra bajo la órbita del Instituto Social de la Marina.
Las instalaciones de la capital arousana permanecen sin vigilancia desde el 31 de diciembre. Una situación que, además de afectar, obviamente, a los usuarios y a los trabajadores que prestan allí sus servicios, perjudica sobre todo a los operarios de seguridad que desde hace años ejercían esta función. La compañía que se encargaba de esta labor lo hacía en régimen de concesión, tras hacerse con el correspondiente contrato dependiente de la Administración pública.
Cinco personas se encargaron hasta la última jornada del año pasado de vigilar las instalaciones y velar por que nada sucediese durante las 24 horas del día. La secuencia se vino abajo a raíz del fatídico comportamiento de la compañía, que ni paga sus salarios a sus propios empleados desde hace largos meses ni satisface las contribuciones a la Seguridad Social desde hace prácticamente un año.
El refranero da por cierto que las cosas en palacio van despacio, y la sentencia popular se ajusta como un guante a los problemas que la Administración encuentra a la hora de solventar este tipo de situaciones. Lo habitual, cuando una concesión expira es que el organismo que la tutela negocie con la firma que realiza la prestación una prórroga de sus servicios en tanto no se convoca y resuelve un nuevo concurso, proceso que suele exigir varios meses de tramitaciones.
El problema es que los incumplimientos de la compañía de seguridad que funcionaba en Vilagarcía hacía inviable una transición de esta clase. Al mismo tiempo, la empresa se negaba a entregar la carta de despido a sus trabajadores, dejándo el edificio sin vigilancia y a su plantilla sin prestación de desempleo ni posibilidad de buscar otra ocupación.
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