Reproducimos íntegra una noticia aparecida en un diario de El Salvador por su importancia. Actuaciones como esta, en las que personal de seguridad privada es violentamente agredido, sea el autor quien sea, no deberían solventarse con un puñado de monedas por que sientan un grave precedente.
Dos vigilantes de un local del centro de San Salvador denunciaron a cuatro travestis por supuestas agresiones y amenazas. Los agentes de seguridad aseguran que los detenidos les propiciaron una golpiza y los amenazaron con navajas. El caso no pasó a la fase de instrucción porque los implicados lograron una conciliación por las lesiones. Según los vigilantes, el 10 de enero pasado los travestis caminaban en los alrededores de la avenida España, en el centro de San Salvador, mientras al otro lado de la calle se conducía un vendedor de dulces con su producto, al que suelen ver a diario cerca del lugar dónde trabajan. En su declaración los agentes de seguridad aseguran que los “hombres vestidos de mujer”, le pidieron al joven cuatro cigarros. “Uno para cada”, pero el vendedor se negó.
Supuestamente, ante el rechazo, los travestis se volvieron agresivos y atacaron al vendedor. “Le botaron su venta, le pegaron y sacaron unas puntas que andaban y le dieron con las puntas, entonces nosotros intervenimos para evitar que le siguieran pegando”, dice uno de los vigilantes. El otro agente de seguridad se incorporó al ver que los sujetos “muy violentos” se abalanzaron contra su compañero ya que además amenazaban con matarlo con las navajas que tenían. Los dos hombres aseguran que entre los cuatro travestis les golpearon.
En el momento de la trifulca, una patrulla del 911 pasaba por la zona e intervino. Según los vigilantes dos de los cuatro travestis corrieron y huyeron, mientras que los otros dos supuestamente se agarraron a golpes con los policías.
Sin embargo el parte policial que fue presentado ante el Juzgado 6º de Paz, no habla de agresiones contra los policías y tampoco se menciona al supuesto vendedor que fue herido por los travestis. Mauricio Enrique Landaverde Muños y Byron Alexander Torres, fueron detenidos acusados de desordenes públicos y además los vigilantes les acusaron de lesiones y amenazas. Los vigilantes aseguran que no hicieron ningún tipo de comentarios que ofendieran a los travestis y que tampoco los insultaron para provocar su enojo. “No se sabe qué les pasó, porque nosotros solo intervenimos para ayudar al pobre señor que vende dulces”, dijo uno de los agentes de seguridad.
De acuerdo a las autoridades trascendió que al momento de ser detenidos los trasvestis negaron la acusación de los vigilantes y dijeron que andaban de vacaciones en El Salvador, ya que hacía varios meses que ambos residen en Guatemala porque trabajan en la Organización Otrans, que se dedica a la defensa de los derechos de las personas transexuales y homosexuales. El proceso penal luego de la denuncia interpuesta fue presentado en el Juzgado 6º de Paz de San Salvador, pero los imputados no fueron presentados ante el juez para la celebración de la audiencia inicial debido a problemas de traslados en las bartolinas de Montserrat en donde se encontraban detenidos. Los vigilantes decidieron presentar una alternativa para la solución de la denuncia, solicitando una remuneración económica por los gestos médicos que incurren por las lesiones en sus manos y cabezas, ambos pidieron $200 cada uno para retirar los cargos.
El personal del juzgado, los fiscales y los vigilantes se trasladaron hacia las bartolinas para lograr el acuerdo y finalizar el proceso. Landaverde y Torres aceptaron pagar el dinero para recuperar su libertad, quedando libres de los delitos de amenazas y lesiones. Mientras que el juez del caso consideró que el delito de desordenes públicos no procede, ya que no se pudo comprobar la versión de los agentes de seguridad porque el supuesto vendedor agredido nunca apareció y porque además el incidente fue calificado de "disputa entre los hombres". Los travestis prefirieron abstenerse de emitir su declaración y deberán presentarse la próxima semana ante el Juzgado del caso para entregar el dinero y recuperar así por completo su libertad.
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