Que Spain is diferent lo teníamos claro desde tiempos inmemoriales, que Catalonia es not Spain nos lo meten por los ojos en cada partido del Barcelona, pero que Cataluña pensaba con la cabeza donde otros parecen pensar con el mismísimo trasero es algo nuevo para nosotros.
La apuesta diferenciada de Cataluña también afecta, y de qué manera, a la seguridad. Quieren, y ya son los primeros, que en determinadas circunstancias los trabajadores de las empresas de seguridad privada se puedan convertir en agentes de la autoridad, agentes del Estado, a todos los efectos. Vamos, un salto cualitativo de suma importancia y que modifica todo el escenario policial.
El proyecto de la Generalitat ya tiene el visto bueno del Ejecutivo de Rajoy. De hecho, fue formalizado en la "comisión Bilateral Generalitat-Estado, en la subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos" "El personal de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la seguridad de las infraestructuras y los servicios de transporte público en Cataluña por cuenta de la Administración o de entidades del sector público o empresas operadoras, y siempre que el desarrollo de las funciones se derive del servicio contratado por la Administración o ente público de acuerdo con la legislación de contratación pública, tendrá condición de agente de la autoridad como colaborador de los cuerpos policiales en Cataluña". Así reza la nueva normativa.
Normativa que perseguimos en todos los puntos de nuestra geografía consiguiendo la carcajada por respuesta. De esta forma, en Cataluña, los agentes que vigilan los autobuses o el metro pasan a convertirse en nuevos agentes de la autoridad, como si pertenecieran a "los cuerpos policiales de Cataluña". Entiéndase que actualmente, la Policía apenas tiene ya competencias en Cataluña y el despliegue de la Guardia Civil en esa comunidad está quedando reducido a la mínima expresión por lo que, los que saben de seguridad, entienden que esta apuesta significa que los mossos, indirectamente, aumentan sus plantillas con estos nuevos efectivos, estos nuevos colaboradores.
Desde el Ejecutivo central y más concretamente desde el Ministerio del Interior se miraba con bastante recelo esta apuesta, que ya se comenzó a fraguar en la pasada legislatura autonómica. Pero, finalmente, ambas administraciones consensuaron este texto, que ya es efectivo. El Ejecutivo catalán apuesta fuerte por la seguridad privada. Entiende que puede cubrir las deficiencias que ahora tiene la seguridad pública y que no podrá solventar durante los próximos años ante la previsible falta de presupuesto. En cualquier caso, ha dado un primer paso para aumentar las competencias legales de los 'privados', que ahora, a todos los efectos, en las misiones descritas, serán agentes de la autoridad: ¿podrán identificar?¿podrán detener? ¿podrán proponer sanciones?... Sin duda ahora entran en otra nube laboral bien diferente.
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